Artículo en Derechos Digitales (Chile), 12 de junio 2015

Internet.org o Google for Education: ¿Quién le puede decir que no a Google y Facebook?

Con un irresistible enfoque filantrópico, las grandes corporaciones tecnológicas se han acostumbrado a intervenir en políticas públicas en América Latina, muchas veces afectando derechos fundamentales.

El 22 de mayo recién pasado, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en Uruguay anunció un acuerdo para el uso “gratis” de aplicaciones de Google en el Plan Ceibal, este último, un famoso programa de inclusión tecnológica y social, inspirado en la ya finalizada iniciativa “One Laptop Per Child”, que entrega un computador con conexión inalámbrica a internet a cada estudiante y docente de la enseñanza pública en Uruguay.

Gracias al acuerdo, los beneficiarios del Plan Ceibal pueden usar de forma “gratuita” y sin publicidad todas las aplicaciones de “Apps For Education”, que incluyen sistemas de comunicación y almacenamiento como correo electrónico y Google Drive.

Meses antes de que se anunciara el acuerdo, el encargado de desarrollos de Google for Education para Latinoamérica, James Ballentine, declaró en una visita a Uruguay: “No se trata de reemplazar el cuaderno y el lápiz por una laptop o tableta y que uno tome apuntes de la misma manera. Se trata de que el proceso educativo se tecnologice profundamente”.

Creada la necesidad de tecnologías digitales, creado también el negocio. Para ayudar a los gobiernos para que su educación se “tecnologice”, está Google for Education, así como para brindar internet gratis a los más pobres del mundo está Facebook y su Internet.org.

¿Qué gobierno en vías de desarrollo puede negarse a que una reconocida empresa tecnológica regale un servicio de estándar mundial? ¿Cómo la privacidad o la neutralidad tecnológica pueden competir en tamaño negocio?

Uno de los problemas de que gobiernos le digan sí a grandes empresas como Google o Facebook en programas como Ceibal o Internet.org, es que su llegada tiene una moneda de cambio que las autoridades parecen ignorar. Detrás de esa “gratuidad” de sus servicios, está la condición de obtener y manipular tus datos personales, hacer perfilamientos de tus hábitos, cambiar las condiciones de su servicio cuando les dé la gana y, al parecer, hasta compartir tu información sin necesariamente respetar el debido proceso cuando se trata de gobiernos como el de Estados Unidos. Y en el particular caso de Internet.org, ni siquiera se garantiza el uso de protocolos de seguridad mínimos como el https para evitar intercepciones de información.

En el caso del Plan Ceibal, activistas, docentes y organizaciones han denunciado además la falta de transparencia en la firma del acuerdo, las violaciones a la neutralidad y soberanía tecnológica, así como las nulas garantías del resguardo de los datos personales de las personas envueltas en el programa. Además, ven con preocupación la posibilidad que Google sea también el proveedor de computadores portátiles con sus Chromebooks, que le daría control completo del programa a una sola empresa.

Con todo, la noticia de Google en Plan Ceibal refuerza lo que ya parece ser una tendencia preocupante entre las grandes compañías de servicios tecnológicos: disfrazar sus modelos de negocio en planes filantrópicos, enfocarse en países en desarrollo y negociar directamente con los gobiernos. Se tratan de intervenciones inaceptables en las políticas públicas tecnológicas de países en vías de desarrollo, dado que se hacen sin participación y con dudosos estándares de transparencia, y que justificadamente levantan inquietud en la sociedad civil y la academia.

Cambiar esa realidad implica gobiernos que dominan las discusiones de interés público alrededor de las tecnologías digitales y la gobernanza de internet, dispuestos a evaluar los costos de estas decisiones más allá de lo meramente económico, exigiendo estándares de protección a los derechos humanos a través de estos servicios.

Artículo original publicado en https://www.derechosdigitales.org/8720/internet-org-o-google-for-education-quien-le-puede-decir-que-no-a-google-y-facebook/

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Artículo en Derechos Digitales (Chile), 12 de junio 2015

Declaración de ADES Montevideo, 6 de junio 2015

Montevideo 6 de junio 2015

Moción: ADES Montevideo declara públicamente el rechazo al acuerdo Anep- Plan Ceibal- Google, ya que este acuerdo:

Entrega el conjunto de los datos de nuestros estudiantes a una empresa multinacional que ha sido recientemente acusada en numerosas ocasioes de facilitar los datos a terceros sin respetar las garantías legales previstas en acuerdos similares a estos.La protección de los datos personales está protegido en el orden jurídico nacional, y desde el Sistema Educativo debe promoverse.

Se realiza sin consulta previa a los directamente interesados, estudiantes y docentes del sistema educativo público y sin tomar en cuenta las verdaderas necesidades de los protagonistas.

Implica la renuncia a la creación de una plataforma nacional de trabajo académico en donde se puedan alojar con garantías los datos de los estudiantes y docentes y se puedan desarrollar las herramientas de aprendizaje que los docentes consideren necesarias, en las condiciones que ellos estimen convenientes.

No se sostiene desde el punto de vista pedagógico, ya que los productos que aportarían a los estudiantes y docentes son espacio de almacenamiento y casillas de correo electrónicas. Considerando la infraestructura en telecomunicaciones con que cuenta el país y los equipos que el Plan Ceibal ha distribuido tanto a estudiantes como docentes ya es posible desarrollar, destinando los recursos adecuados, las herramientas que este acuerdo propone sin necesidad de entregar los datos a la multinacional.

Argumenta el Presidente del Plan Ceibal que estas herramientas no son de uso obligatorio y que quienes deseen proteger sus datos simplemente no deben trabajar con ellas. Los docentes entendemos que las herramientas deben ser accesibles para los estudiantes y no debe contraponerse el derecho a estudiar con el derecho a la protección de los datos personales. Además comprendemos que las herramientas tecnológica para ser utilizables en el aula deben ser pensadas a priori para todos los estudiantes.

Este acuerdo no promueve la independencia tecnológica ni el desarrollo de conocimiento a nivel local.

El acuerdo, tal como ha sido dado a conocer a la opinión pública por el Presidente de Plan Ceibal implicaría opciones a nivel de los equipos que se distribuirían a los estudiantes y docentes que nos volverían más dependientes tecnológicamente y con menos posibilidades de elección en cuanto al software a utilizar, ya que se utilizaría software propietario en los sistemas operativos con los múltiples inconvenientes en lo que respecta a la seguridad, flexibilidad, y posibilidades pedagógicas de este software.

Estas herramientas deben ser creadas a partir de las necesidades educativas y no frente a la oportunidad que representa aprovechar una oferta aparentemente atractiva pero que en realidad viola derechos elementales como la protección de los datos.

Este acuerdo permite visualizar serias carencias en la definición de políticas educativas con relación al desarrollo tecnológico. Necesitamos un desarrollo tecnológico que no explote comercialmente nuestros datos y que responda a las necesidades de nuestro sistema educativo.

Moción: convocar a colectivos que están trabajando en esta problemática para generar un espacio de reflexión colectiva.

Declaración de ADES Montevideo, 6 de junio 2015